El nuevo
Ministro de Justicia también confirma que se mantendrán los partidos
judiciales.
El Ministro de Justicia,
Rafael Catalá, ha afirmado hoy que en el proyecto de Ley Orgánica del Poder
Judicial que se presentará las próximas semanas se mantendrán los partidos judiciales,
aunque es necesario acometer cambios organizativos en el modelo actual. En este
sentido, ha dicho que existe por su parte una “voluntad reformista y
el proyecto de LOPJ abordará esta cuestiones atendiendo a la permanencia de los
partidos judiciales"
El Ministro ha indicado que la estructura de partidos
judiciales "vertebra" el territorio y permite "identificar"
a la Administración de Justicia en los diferentes lugares. "Vamos a
ser absolutamente responsables, razonables y sensatos y el proyecto tendrá en cuenta
estas circunstancias, pero
también cuestiones de ámbito organizativo". Ver noticia en Europa Press
Recordemos que STAJ suscribió con el Ministerio y otras
organizaciones sindicales, con la oposición expresa de CCOO, un preacuerdo que
garantizaba, entre otras muchas cosas, la permanencia de los partidos
judiciales, así como las oficinas judiciales de paz existentes, manteniendo
como centro de destino el municipio en lugar de la provincia (que es lo que
decía el anteproyecto, con el aval de CCOO por no suscribir el preacuerdo y
oponerse expresamente a su firma).
STAJ ya ha exigido al nuevo Ministro el
respeto a todos los términos del preacuerdo suscrito en julio, en el que se garantizan todos y cada uno de
los derechos de los funcionarios de justicia en el caso de que se apruebe un nuevo
proyecto de ley orgánica del poder judicial, mejorándose algunos aspectos de
nuestro estatuto jurídico, rompiendo así todas las nefastas previsiones del
anteproyecto originario. Esto es así por más que algunos no se
enteren y otros se empeñen en decir lo contrario.
Estamos a la espera de mantener reunión con el Ministro para
trasladarle directamente nuestras exigencias en relación con esta cuestión, que
pasan, como decimos, por el respeto escrupuloso a todos los puntos del
preacuerdo.
Además, exigiremos la retirada de la privatización del Registro
Civil y su mantenimiento como servicio propio de la Administración de Justicia
y el mantenimiento de todos los puestos de trabajo, la derogación de la ley de
tasas, especialmente las que gravan las reclamaciones de los funcionarios en
defensa de sus derechos estatutarios, o la recuperación del derecho a litigar
sin necesidad de abogado y procurador por parte de los funcionarios, entre
otras cuestiones que aún están pendientes.