BOE: PUBLICADA LA LEY 18/2014, de 15 de octubre, QUE
PRIVATIZA EL REGISTRO CIVIL
STAJ
sigue proponiendo que aun desjudicializando el Registro Civil estos deben seguir
siendo un servicio de la Administración de
Justicia, en el que los Secretarios
Judiciales pueden ser los Encargados de los mismos, y los funcionarios de
los Cuerpos de Gestión Procesal y
Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa, y Auxilio Judicial,
continuar prestando sus servicios en las respectivas oficinas de Registro
Civil, configurándose como Centro de
Destino en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, y de acuerdo con la relación
de puestos de trabajo que en definitiva se apruebe que en todo caso habrá de
garantizar la permanencia, al menos, de la plantilla que actualmente está
destinada a funciones de Registro Civil.
Este
sindicato aboga por la modernización del Registro Civil, para lo cual, insistimos,
lo necesario es una mayor inversión en medios tecnológicos y humanos, así como
su permanencia dentro de la Administración de Justicia lo que garantizará su
calidad y una gestión absolutamente profesional, gratuita y garante de los
derechos de los ciudadanos, a quienes todos nos debemos.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Administración exigimos que en cualquier caso se garantice por parte del
Ministerio de justicia la no amortización de ningún puesto de trabajo de
los que ahora forman parte de la plantilla orgánica de los órganos judiciales y
que sean consecuencia de las competencias en materia de Registro Civil que
dichos órganos pudieran tener en la actualidad.
Esa garantía debe ser plasmada en los
textos legales que procedan, para ser aplicables a todo el territorio nacional,
obligando así no sólo en el ámbito gestionado directamente por ese Ministerio,
sino también en aquellos ámbitos gestionados por las CCAA que han asumido competencias
en materia de Justicia.
Desde
STAJ consideramos que, aun no estando de acuerdo con la privatización del
Registro Civil ni con que se hurte este servicio de la Administración de
Justicia, en cualquier caso los puestos de trabajo han de mantenerse
íntegramente, de manera que todos los puestos de trabajo se mantengan,
íntegramente, dando solución satisfactoria a los funcionarios titulares de los
puestos de trabajo o no, que estén ocupando los indicados puestos. Para ello,
exigimos la reapertura urgente de la negociación, donde se busque una solución
satisfactoria a todo este personal, y que no le cause ningún perjuicio ni
pérdida de retribuciones ni, por supuesto, cambio de localidad de destino.
Si
no se cumplen las condiciones anteriores, no tendrá más remedio que llamar a la
movilización de los funcionarios afectados.
