El
nuevo Ministro de Justicia toma posesión de su cargo
Dice en su discurso que revisará la ley de tasas
judiciales y apuesta por un sistema de Registro Civil eficaz y ágil
Prensa: El nuevo ministro de justicia revisará la Ley de
tasas judiciales.
El nuevo ministro de Justicia Rafael Catalá ha fijado el
“análisis” y la “mejora” en la aplicación de las nuevas tasas judiciales, la
revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma
del Registro Civil entre sus prioridades al frente del Ministerio. Catalá ha
recibido este lunes la cartera de Justicia de manos de su antecesor, Alberto
Ruiz-Gallardón, en el Palacio de Parcent. Esta mañana ha jurado el cargo en el
Palacio de la Zarzuela y, acto seguido, ha participado en el Consejo de
Ministros que ha aprobado recurrir la consulta soberanista de Cataluña ante el
Tribunal Constitucional.
“Os convoco a alcanzar un gran acuerdo que permita el desarrollo
equilibrado de las reformas pendientes”, ha trasladado Catalá a todos los
operadores jurídicos, para pedirles su colaboración a cambio de ofrecerles
“diálogo, lealtad y voluntad de consenso”.
PRIORIDADES COMO MINISTRO
Catalá, que ha regresado a la que fue su “casa” entre 2002 y
2004 como 'número dos' de José María Michavila, ha fijado sus prioridades para
este año de legislatura: la revisión del Código Penal y de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, la “mejora” de los sistemas de justicia gratuita, el
“análisis y la mejora” en la aplicación de la ley de tasas, la “mejor versión”
final de la Ley de Servicios Profesionales y la implantación de un sistema
eficaz y ágil de Registro Civil.
Además, ha prometido aumentar las plazas de jueces y fiscales para
dar solución a la situación de jóvenes que salen de la Escuela Judicial
y no tienen destino. Aunque no ha citado la reforma de la Ley Orgánica del
Poder Judicial que revoluciona el mapa judicial, sí ha mostrado su compromiso
para trabajar a favor de una justicia electrónica.
Catalá ha agradecido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
la compleja pero gratificante tarea que le ha encomendado para dirigir un
“Ministerio de Estado”, asociado a la mejora de la Administración de Justicia,
algo que constituye un pilar del Estado. En este sentido, ha recordado que el
Estado social y democrático de derecho tiene entre sus fundamentos el imperio
de la Ley, cuyo amparo queda garantizada con la “inalienable libertad y la
obligada igualdad de todos los ciudadanos”.
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Recordemos que STAJ ha combatido fuertemente la Ley de
Tasas, pues impide el acceso igualitario a la justicia de aquellos que menos
recursos tienen, habiendo impulsado junto a plataformas profesionales y
ciudadanas el recurso de
inconstitucionalidad interpuesto
contra la misma por diversos grupos parlamentarios, además de haber forzado una
modificación que suavizó, aunque de forma insuficiente, las previsiones de esa
Ley.
En cuanto al Registro Civil, ya ha sido admitido a
trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la privatización del
Registro Civil, que también ha sidoimpulsado por STAJ y
que ha sido interpuesto por varios grupos políticos del Congreso de los
Diputados. Si la idea del nuevo Ministro confirma la privatización, STAJ continuará con las movilizaciones y
todas las acciones que está realizando contra la misma, sin descartar la
convocatoria de huelga.
Entre las reformas proyectadas por el anterior Ministro, la que
más directamente afecta al estatuto jurídico de los funcionarios al servicio de
la Administración de Justicia es la de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. Esta ley no parece estar entre las
prioridades del nuevo Ministro, de lo cual no podemos sino alegrarnos, pues
como llevamos años diciendo desde STAJ, la solución a los problemas de la
Justicia en España no pasa por reformar una y otra vez la ley, sino
en invertir más y mejor en medios humanos y materiales, incrementando el número
de jueces y de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia y
llevando a cabo una auténtica modernización tecnológica de la tramitación
procesal.
En 2003 ya se reformó la LOPJ para introducir un nuevo modelo de organización de las
oficinas judiciales, que aún está en fase muy inicial de implantación, y
que si está fallando en algunas ciudades es precisamente por la falta de
inversión. Gallardón ha intentado
dar un paso más allá, y no se ha contentado con esa reforma de la oficina
judicial, sino que también ha pretendido una modificación sustancial de la
organización judicial, mediante la creación de tribunales de instancia. Pero de
inversión en medios humanos y materiales, no ha habido nada nuevo en la etapa
de Gallardón.
Sea como sea, y gracias
a las presiones realizadas desde diversos sectores (judicatura, municipios) y
muy especialmente por STAJ y las organizaciones firmantes del preacuerdo
suscrito en el mes de julio, si el nuevo Ministro pretende
continuar con la reforma de la LOPJ, se
va a encontrar un proyecto que no se parecerá en nada al inicialmente propuesto
por el anterior Ministro, pues aunque contemple la existencia de los
tribunales de instancia, no
desaparecerán los partidos judiciales, ni
las oficinas judiciales de paz –aunque
sí sus jueces-, y, en cuanto al estatuto jurídico del personal al servicio de
la Administración de Justicia, los
centros de destino serán municipales y
no provinciales, manteniéndose los centros actualmente previstos en la Ley, prohibiéndose la movilidad
geográfica ordinaria forzosa, o potenciándose
la promoción interna, entre otras cosas que se mejoran, además del
compromiso de un desarrollo reglamentario para mejorar cuestiones como las
sustituciones o las comisiones de servicio.
STAJ ya ha solicitado al Ministro una
reunión urgente donde abordar todas estas cuestiones. Esperemos que esa mano
tendida que ha mostrado en su toma de posesión, llegue a los trabajadores que
constituimos más del 80 por ciento de quienes trabajamos al servicio de la
Administración de Justicia.