STAJ INSTA A LA DEFENSORA DEL
PUEBLO A DEFENDER EL CARÁCTER PÚBLICO DEL REGISTRO CIVIL Y SU
PERMANENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE
JUSTICIA
STAJ,
junto con CSIF y UGT (CCOO se empeña en ir por libre), nos hemos reunido el
pasado miércoles día 16 de julio con la Defensora del Pueblo para exponerle
nuestra posición respecto a la privatización del Registro Civil que el Gobierno
ya ha puesto en marcha tras la aprobación del Decreto “ómnibus” hace dos
semanas.
Desde
STAJ planteamos a la Defensora del Pueblo en primer
lugar que conocíamos las quejas de los ciudadanos por el funcionamiento de este
servicio, pero le dejamos claro que esas quejas tienen su origen en la falta de medios
con que cuesta el Registro Civil,
cuestión imputable exclusivamente a los responsables políticos encargados de la
gestión de sus medios materiales y humanos. Los funcionarios de Justicia, muy
al contrario, lo que hemos venido haciendo ha sido paliar con nuestro trabajo y
dedicación sus inaceptables deficiencias.
También
transmitimos a la Defensora del Pueblo, que el carácter gratuito del Registro Civil
difícilmente va a poder garantizarse
por mucho que lo diga el Ministerio, porque los Registradores de la Propiedad,
ineludiblemente, tendrán que hacer frente a su coste, (personal y material), por lo que de alguna
manera, ya sea mediante incremento de los aranceles, mediante tasas, mediante
subvenciones o directamente de los presupuestos generales del Estado, tendrá
que ser financiado, por lo que seremos los ciudadanos quienes lo financiemos de
forma directa o indirecta.
En
este sentido, ya le informamos que el proyecto de Ley de Nacionalidad de los
Sefardíes ya prevé una tasa de 75 euros para los trámites de nacionalidad de
este colectivo. No hay tampoco que olvidar los expedientes de matrimonio, que
si se realizan por los notarios, tendrán también aranceles.
La
gratuidad, por tanto, es muy difícil por no decir imposible, y así lo vio
también la Defensora del Pueblo.
También
le dijimos que con esta medida se perderían miles de puestos de trabajo en la
Administración de Justicia, porque el
Ministerio tampoco es capaz de garantizar esas plazas, ni siquiera en su
ámbito, por mucho que diga que lo hará
Por
otra parte, le hicimos ver también que aunque los Registradores de la propiedad
son funcionarios públicos (algo que está puesto en entredicho por la Unión Europea), sus
empleados no lo son, por lo que se desvanecen las garantías de legalidad,
imparcialidad y confidencialidad que informan la intervención de los
funcionarios públicos.
Finalmente,
hicimos ver a la Defensora del Pueblo que los funcionarios de Justicia tenemos sobrada
experiencia en Registro Civil, que hemos
venido demostrando desde hace siglo y medio, valor que el Ministerio
desaprovecha ahora en una servicio tan sensible donde se manejan datos
personales especialmente protegidos de los ciudadanos. Por ello le hemos dicho
que abogamos por su mantenimiento dentro de la Administración de Justicia,
servido por secretarios judiciales, gestores, tramitadores y auxiliares
judiciales.
La
Defensora del Pueblo tomó nota de todas nuestras manifestaciones, mostrándose
muy interesada. Le pedimos que estudiase la posibilidad de interposición de recurso de
inconstitucionalidad, a lo que se
comprometió a valorar en el momento en que el Decreto ley sea convalidado en el
Congreso como ley.