martes, 8 de julio de 2014

NOTA DE PRENSA

EL GOBIERNO DESMANTELA EL REGISTRO CIVIL SERVIDO ACTUALMENTE POR FUNCIONARIOS DE JUSTICIA Y LO CEDE A LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES

Siguiendo el modus operandi habitual de este Gobierno, en el BOE 5 de julio de 2014 se publicó el  Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Agazapado entre sus 170 páginas, que afectan a multitud de cuestiones que nada tienen que ver con la Administración de Justicia (horarios comerciales, el incentivo del uso de tarjetas de crédito y débito, el consumo,…….)

Este RD Ley establece la prórroga por UN AÑO (hasta el 15 de julio de 2015) de la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. Y ATRIBUYE LA COMPETENCIA del Registro Civil A LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del Registro Mercantil, por razón de su competencia territorial. Dichas oficinas se denominarán Oficinas del Registro Civil y Mercantil.

Para lo cual, se creará una Corporación de Derecho Público que integrará a los registradores responsables de la llevanza de los Registros Civiles y Mercantiles, encargada de la creación, mantenimiento, posterior gestión y seguridad del sistema informático único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro Civil y su red de comunicaciones (antes del 15 de julio de 2015).

STAJ (Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia) mantiene que la desjudicialización del Registro Civil supondrá:


- Dejar en manos de los Registradores de la Propiedad, que cobran por arancel, los trámites jurídicos de la vida civil de los ciudadanos, que actualmente prestan jueces, secretarios judiciales y funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, todos ellos funcionarios públicos, bajo el principio de independencia y confidencialidad.

- La desaparición de las actuales oficinas de Registro Civil, en todos los partidos judiciales, quedando limitado su número a las nuevas Oficinas del Registro Civil y Mercantil centralizadas, dificultando el acceso de la ciudadanía a este servicio.

- Los trámites que actualmente son gratuitos pasarán a ser de pago. Aunque la disposición adicional 21 establece que “la prestación del servicio público que constituye el Registro Civil continuará siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo”. El modo de financiación queda pendiente de desarrollo reglamentario.

STAJ afirma que el hecho de que se produzca la “desjudicialización” prevista en la Ley, no implica que este servicio no pueda ser gestionado por funcionarios de la Administración de Justicia, por lo que se opone rotundamente  a esta PRIVATIZACIÓN de los Registros Civiles, y continuará con las  MOVILIZACIONES NECESARIAS en contra esta reforma de desmantelamiento del Servicio Público de la Justicia, que podrán culminar con la convocatoria de Huelga.

CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL Y
POR LA DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO