EL GOBIERNO DESMANTELA
EL REGISTRO CIVIL SERVIDO ACTUALMENTE POR FUNCIONARIOS DE JUSTICIA Y LO CEDE A
LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES
Siguiendo el modus operandi habitual de este Gobierno, en el BOE 5 de julio de
2014 se publicó el Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de
julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad
y la eficiencia. Agazapado entre sus 170 páginas, que
afectan a multitud de cuestiones que nada tienen que ver con la Administración
de Justicia (horarios comerciales, el incentivo del uso de tarjetas de crédito y
débito, el consumo,…….)
Este RD Ley establece la prórroga por UN AÑO (hasta el 15 de julio
de 2015) de la entrada en vigor de la Ley
20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
Y ATRIBUYE LA COMPETENCIA del
Registro Civil A LOS REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES que en cada momento tengan a su cargo las oficinas del
Registro Mercantil, por razón de su
competencia territorial. Dichas oficinas se denominarán Oficinas del Registro
Civil y Mercantil.
Para lo cual, se
creará una Corporación de Derecho Público que integrará a los
registradores responsables de la llevanza de los Registros Civiles y
Mercantiles, encargada de la
creación, mantenimiento, posterior gestión y seguridad del sistema informático
único y de la aplicación de llevanza en formato electrónico del Registro Civil
y su red de comunicaciones (antes del 15
de julio de 2015).
STAJ (Sindicato de Trabajadores de la
Administración de Justicia) mantiene que la desjudicialización del Registro
Civil supondrá:
- Dejar en manos de los Registradores de
la Propiedad, que
cobran por arancel, los trámites
jurídicos de la vida civil de los ciudadanos, que actualmente prestan
jueces, secretarios judiciales y funcionarios de los cuerpos generales de la
Administración de Justicia, todos ellos funcionarios públicos, bajo el
principio de independencia y confidencialidad.
-
La desaparición de las actuales oficinas
de Registro Civil, en todos los partidos judiciales, quedando limitado su
número a las nuevas Oficinas del Registro
Civil y Mercantil centralizadas, dificultando el acceso de la ciudadanía a
este servicio.
- Los trámites que actualmente son gratuitos pasarán
a ser de pago. Aunque la disposición adicional 21
establece que “la prestación del servicio
público que constituye el Registro Civil continuará
siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo”. El modo de financiación
queda pendiente de desarrollo reglamentario.
STAJ afirma que
el hecho de que se produzca la “desjudicialización” prevista en la Ley, no
implica que este servicio no pueda ser gestionado por funcionarios de la
Administración de Justicia, por lo que se opone rotundamente a esta PRIVATIZACIÓN de los Registros
Civiles, y continuará con las
MOVILIZACIONES NECESARIAS en contra esta reforma de desmantelamiento del
Servicio Público de la Justicia, que podrán culminar con la convocatoria de
Huelga.
CONTRA LA PRIVATIZACIÓN DEL
REGISTRO CIVIL Y
POR LA DEFENSA DE LOS PUESTOS DE TRABAJO