Hacienda discute nuevos recortes con las
autonomías para cumplir el déficit
Hacienda reúne propuestas de ahorro que incluyen
más copagos y reducciones de sueldo
y AL MISMO TIEMPO SE NOS INFORMA QUE
El Estado pierde unos 11.500 millones al vender
Catalunya Banc al BBVA
El banco paga unos 1.100 millones y gana al Santander y CaixaBank
(A título informativo el importe de una paga
extra de todos los funcionarios públicos de España asciende a menos de 4000
millones de euros. Con lo cual perder 11500 millones supone casi tres pagas
extras que luego pretenderán que volvamos a pagar todos los empleados públicos
y el resto de la ciudadanía por su nefasta gestión)
Las comunidades autónomas, en especial
algunas, siguen teniendo problemas importantes para cumplir sus objetivos de
déficit y cuadrar sus cuentas. Y algunas proponen medidas de recorte drásticas
para ajustarlas. El Gobierno ha iniciado un proceso de consulta con todas ellas
para ver qué propuestas de “racionalización del gasto”, el eufemismo utilizado,
les hacían llegar. El ministerio de Hacienda ha recogido todas esas propuestas
en un documento, con 255 medidas muy concretas, y se las ha enviado a todas las
comunidades. Y en ese texto hay iniciativas muy polémicas, como nuevos copagos,
establecimiento de “tasas hosteleras” en los hospitales, nueva ampliación de la
jornada laboral de los funcionarios, eliminar de nuevo una paga extra o reducir
el 10% el complemento de los profesores.
Todas las medidas que figuran en este
documento que ha elaborado Hacienda provienen de propuestas de una o varias
autonomías, aunque en el texto no se especifica quién las planteó para evitar
el coste político que supondría si se dieran a conocer y más ahora que se
acercan las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Este proceso, que lleva
meses en marcha, tiene un momento clave la próxima semana, cuando el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro, convoque a todos los consejeros de Hacienda en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera para discutir, entre otras cosas,
las medidas de racionalización del gasto.
Las comunidades, sobre todo las que
tienen más dificultades, plantean que sea el Gobierno el que, a través de la
normativa general, asuma el coste político de forzar esos nuevos recortes,
aunque serían ellas las que ahorrarían.
Es lo que sucedió en 2012, cuando desde
la normativa básica se amplió por ejemplo de 25 a 35 el ratio máximo de
alumnos por clase —una de las medidas plantea aumentarlo otra vez un 10%— o el
horario de los funcionarios de 35
a 37,5 horas semanales —ahora se plantea subirlo de
nuevo a 40—.
El documento no es un borrador, es un
texto oficial que ha enviado Hacienda. Sin embargo, desde el ministerio
explican que algunas de esas medidas, las más extremas, son propuestas de
algunas autonomías que difícilmente se llevarán a cabo y que el Gobierno no
asume. Algunos consejeros consultados también se han quedado impresionados con
el documento porque contiene propuestas muy polémicas en un momento en que el
Ejecutivo insiste en que se acabó la etapa de los recortes más duros.
Hacienda explica que, antes del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, este documento que se ha enviado ahora “se
depurará para eliminar las propuestas más inasumibles”, aunque de momento no se
ha hecho el trabajo de diferenciar cuáles son discutibles y cuáles hay que
descartar. A una semana de la cita clave, las autonomías solo disponen de este
texto con 255 medidas.
No todas las que se plantean son
especialmente polémicas. Muchas de ellas se concentran en cuestiones en las que
están de acuerdo todas las autonomías, como la centralización de todo tipo de
compras —para poder negociar mejor con los grandes proveedores y obtener
rebajas— y otras que ya se habían estudiado en el documento sobre la reforma de
la Administración promovida por el Ejecutivo, como la eliminación de defensores
del pueblo autonómicos y la coordinación entre las comunidades de todo tipo de
iniciativas, desde las políticas de empleo a las licencias de caza. También hay
una parte final en la que se plantean cambios radicales en la recolección de
datos para poder hacer este tipo de políticas de racionalización con datos
homologables entre todas las autonomías. La dispersión de los datos es uno de
los principales problemas con los que se han encontrado los expertos a las hora
de la racionalización y la coordinación entre las autonomías.
Sin embargo la parte más novedosa del
documento, y empieza por ahí el listado de medidas, son las propuestas de
nuevos copagos y las reducciones del número de empleados públicos y de sus
salarios reales o en especie.
De hecho, la primera iniciativa de las
255 es un “copago por falta de asistencia a citas programadas o no retirada de
pruebas, y emisión de facturas informativas al paciente del coste del
servicio”. La segunda es “copago por asistencia a consulta médica y urgencias”.
La tercera es copago por interrupciones del embarazo. Y la cuarta, una “cuantía
mínima por la expedición de recetas a los pacientes, diferenciando pensionistas
y activos”. Esto es, el euro por receta que el Gobierno ha rechazado en varias
ocasiones, sobre todo porque lo hacían de manera individual comunidades como
Cataluña y Madrid. En el documento se pide que se implante en toda España.
Todas las primeras medidas van esa línea
y también se plantea el “aumento de los porcentajes de financiación de los
usuarios para la prestación farmacéutica ambulatoria”. Esto es, mientras
algunas comunidades no quieren aplicar esta medida del copago farmacéutico en
los hospitales implantada por el Ministerio de Sanidad, otras están pidiendo
que se aumente.
En la misma línea de copago van otras
muchas propuestas, también las que se refieren a la ley de dependencia.
“Avanzar en la aplicación efectiva de la contribución económica del usuario al
sistema”, dice una de ellas. Pero las más radicales están en el apartado de
recortes en gastos de personal, tanto que algunas incluyen directamente la
“suspensión del nombramiento de personal interino”.
Los
consejeros de las comunidades autónomas han propuesto 255 medidas de ahorro del
gasto y de aumento de ingresos para combatir el déficit. El Ministerio de
Hacienda filtrará muchas de estas medidas para llevar al Consejo de Política
Fiscal y Financiera un catálogo de propuestas de racionalización del sector
público. Algunas de las propuestas son las que siguen.
Copago por falta de asistencia a citas
programadas o no retirada de pruebas. Copago por asistencia a consulta médica y
urgencias. Cuantía mínima por la expedición de recetas. Compatibilidad del
sistema público con el sistema privado. Posible desgravación fiscal para
usuarios de aseguramiento privado. Permitir la venta de determinados
medicamentos fuera de las oficinas de farmacia. Reducción del margen comercial
aplicable a las oficinas de farmacia. Permitir u obligar a que determinados
productos farmacéuticos con receta sean dispensados en centros ambulatorios.
Alquiler de instalaciones al sector privado. Establecimiento de tasas hoteleras
en los hospitales.
Educación. Congelación de módulos de la enseñanza
concertada en los dos próximos años. Incremento del ratio de profesores por
alumno en un 10%. Cese de docentes interinos durante el periodo no lectivo de
verano. Ajuste en las partidas de becas para comedor y libros. Minoración de
ayudas a corporaciones locales para el mantenimiento de escuelas infantiles.
Racionalizar el crecimiento en el número de universidades así como en el número
de titulaciones de grado.
Justicia. Reducción del módulo del turno de
oficio. Establecimiento de tasas judiciales en primera instancia en
procedimientos civiles y mercantiles en función de la cuantía objeto de
reclamación y del sentido de la resolución favorable o desfavorable al
reclamante. Tasas por la prestación de servicios personales y materiales en el
ámbito de la Administración de justicia.
Funcionarios. Eliminación del exceso de plazas
vacantes y no creación de nuevas plazas salvo en servicios prioritarios.
Ampliación de la jornada semanal de funcionarios a 40 horas. Eliminación de
todos los moscosos.Reducción de las retribuciones
anuales del personal en la cuantía equivalente al importe de una paga
extraordinaria. Suspensión de planes de pensiones. Reducción de jornada y de
retribuciones a personal funcionario interino y laboral temporal. Revisión del
gasto en acción social. Reducción de un 5% en las aportaciones a entes o empresas
del sector público autonómico excepto en hospitales. Mejorar el uso del parque
móvil, limitar vehículos, compartir uso, primer uso de vehículos
representativos de alquiler. Limitación de las ayudas a las organizaciones
sindicales.
Duplicidades. Unificar en una sola agencia los
organismos encargados de la evaluación y acreditación de titulaciones y
profesorado universitario. Propuesta de integración de las oficinas en el
exterior de las comunidades autónomas en las oficinas administrativas del
Estado en el exterior. Asunción por parte de la Agencia Española
de Protección de Datos de las funciones de las agencias catalana y vasca.
Asunción por Turespaña de las funciones desarrolladas por los observatorios de
turismo de Baleares y Valencia. Eliminación de duplicidades en la red de
estaciones meteorológicas automáticas en algunas comunidades. Eliminación de
duplicidades en relación a la realización de estudios de opinión y fomento de
la investigación sociológica. Supresión de los observatorios autonómicos de la infancia. Licencia
deportiva única.
El Estado pierde unos 11.500 millones al vender
Catalunya Banc al BBVA
El banco paga unos 1.100 millones y gana al Santander y CaixaBank
El Estado pierde unos 11.500 millones al vender
Catalunya Banc al BBVA
El banco paga unos 1.100 millones y gana al Santander y CaixaBank
(A título informativo el importe de una paga
extra de todos los funcionarios públicos de España asciende a menos de 4000
millones de euros. Con lo cual perder 11500 millones supone casi tres pagas
extras que luego pretenderán que volvamos a pagar todos los empleados públicos
y el resto de la ciudadanía por su nefasta gestión)
A la tercera ha ido la vencida. ElFondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha vendidoCatalunya Banc al BBVA por más de 1.187 millones, en
una subasta en la que también han competido el Santander y CaixaBank. El BBVA
ofreció un 50% más que sus competidores, en una cantidad que superaba los 200
millones al resto de las ofertas. Société Générale estuvo interesado pero no
se presentó a la puja.
Esta operación supone que los
contribuyentes pierden definitivamente 11.839 millones de euros, una cantidad
que se acerca a los recortes en sanidad y educación hasta 2013, que suman
13.800 millones.
La entidad, que llegó a ser la cuarta
mayor caja de España, tenía unas ayudas directas del Estado de 12.050 millones
y otros 572 millones inyectados posteriormente por el FROB para la venta de la cartera de hipotecas tóxicas. En
total ha puesto 12.622 millones y recibirá 783 millones con la venta porque
solo tiene el 66% de Catalunya Banc. La operación incrementará el déficit
público porque el FROB valoró en sus libros a Catalunya Banc en 1.858 millones
y percibirá 783.
Con este acuerdo, el BBVA cubre el coste
de la ruptura del acuerdo entre Catalunya Banc y Mapfre (por un máximo de 320
millones) y se garantiza que obtendrá un valor neto presente por los créditos
fiscales de 267 millones. Descontadas estas cifras, el valor neto que el BBVA
paga solo por el banco son 600 millones. La entidad no tiene previsto ampliar
capital y cree que podrá integrar con rapidez el nuevo banco.
La adquisición de Catalunya Banc implica
para el BBVA incrementar su cuota de mercado en esta región en 11 puntos. En la
reestructuración financiera, el BBVA ya compró Unnim, un banco producto de la
fusión de las antiguas cajas de Sabadell, Terrasa y Manlleu. Con esta segunda
adquisición catalana, el BBVA tendrá una cuota de mercado del 23%, lo que le
acerca a CaixaBank, que tiene el 32,9% del mercado. El Santander, el favorito
en los círculos financieros para hacerse con Catalunya Banc, queda muy atrás,
con una cuota del 10% en la
comunidad. El presidente del BBVA, Francisco González,
calificó hace meses a Cataluña como “una región clave para nuestro
crecimiento”.
Hasta ahora, los compradores de bancos en
crisis han sido CaixaBank, que adquirió Banco de Valencia y Banca Cívica;
Sabadell, que se hizo con la CAM, Kutxabank, que se quedó con CajaSur y
Liberbank, con CCM.
Las ventajas para el BBVA son dos: por un
lado, el precio pagado está por debajo de los 2.630 millones de patrimonio neto
con los que cuenta Catalunya Banc. Desde un punto de vista contable, el BBVA
podrá sumar 1.500 millones a su capital. Además, la segunda inyección positiva
para el BBVA serán los 3.553 millones que Catalunya Banc tiene en créditos
fiscales.
La entidad catalana ahora vendida es
fruto de la fusión de Caixa Catalunya, Tarragona y Manresa.
“Tras una irresponsable política de expansión del crédito entre 2004 y 2008” , como dijo Antonio
Carrascosa, director general del FROB, tuvo enormes pérdidas que le llevaron a la quiebra. Además ,
ha estado envuelta en la polémica porque su anterior presidente, Adolf Todó
recibió una indemnización de 600.000 euros al marcharse, además de un fondo de
pensión que pueden llegar a los cuatro millones.
EL PAÍS
La entidad tiene 1.009 oficinas, de las
cuales 821 están en Cataluña. Cuenta con una plantilla de 6.500 empleados,
después de fuertes recortes.
El tamaño del banco, medido por el
volumen de activos, suma 63.497 millones. Los créditos de clientes, después de
que la semana pasada se adjudicaron hipotecas dañadas por valor de 6.400
millones. En depósitos de clientes alcanza los 39.991 millones.
Los problemas de gestión de Catalunya
Caixa provocaron que no se vendiera en las dos ocasiones anteriores que se ha
subastado, en 2012 y 2013. Ahora el Estado sabía que estaba ante su última
oportunidad porque si no colocaba la entidad, corría el riesgo de tener que
liquidarla, como admitieron fuentes del FROB.
