El
Gobierno deja en el cajón una de las reformas estrella de Gallardón
La gran reforma del proceso penal -la
investigación y el juicio de los delitos y faltas-, una de las medidas estrella
anunciadas por el Gobierno de Mariano Rajoy está a punto de encallar. La Ley
de Enjuiciamiento Criminal corre
el riesgo, una legislatura más, de mantenerse en vigor plagada de parches.
Al inicio de la legislatura el ministro
de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, puso en marcha una comisión de expertos
que emitió un informe detallado hace más de un año con una propuesta de Código Procesal
Penal, nuevo nombre de la
vieja Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahora, el simple
cómputo de los plazos de tramitación parlamentaria, unido a la prelación de
prioridades del Gobierno, que ha dejado la propuesta en el cajón, está a punto
de dar al traste con su aprobación en esta legislatura.
La situación no es nueva, porque
prácticamente todos los ministros de Justicia de la democracia inician su
mandato proclamando la necesidad de aprobar un nuevo proceso penal, que acabe
con los anacronismos, que tenga en cuenta nuevas realidades tecnológicas y que
agilice la jurisdicción penal.